La Federación de Enseñanza del sindicato USO (FEUSO) ha entregado este jueves en el Congreso 300.000 firmas a favor de la labor de los centros de educación especial y en contra el cierre de los mismos que, a su juicio, plantea el proyecto de ley de reforma de la Educación que el Gobierno socialista presentó en la anterior legislatura. «Los padres no lo quieren», ha apuntado el secretario general de FEUSO, Antonio Amate.
El sindicato ha reunido a decenas de personas delante de la Cámara que han mostrado su rechazo al texto creado por la ministra del ramo, Isabel Celaá, y que recoge la incorporación de estudiantes de centros educación especial a centros ordinarios en un plazo de diez años. Celaá ya ha mostrado su intención de que esta norma se apruebe en el curso escolar 2019-2020.
Sin embargo, tras las críticas, la ministra reiteró en diversas ocasiones que el Gobierno «no tiene ninguna intención» de cerrar estos centros y recordó que su ley recoge que las administraciones educativas «continuarán prestando el apoyo necesario a estos centros».
«En cuanto tuvimos conocimiento del proyecto de ley del Gobierno iniciamos la campaña que en seguida, en su primer periodo, recogió 200.000 firmas por la implicación de las familias, que en este sector es de primer nivel», ha apuntado Amate.
En declaraciones a los medios ha señalado que la postura de FEUSO es la integración, pero ellos hablan de unos 35.000 alumnos de educación especial que tienen «dificultades motrices, cognitivas y de comportamiento» que exigen «una atención súper especializada» que es «la que se da en esos centros».
En concreto, explican que el sistema educativo español «funciona bien» y tiene «índices de inclusión» grandes. En este sentido, Amate destaca los datos del Consejo Escolar que dicen que el 85% de los alumnos con discapacidad –220.000– acuden a centros ordinarios. «Nosotros hablamos de niños que necesitan mucha especialización y atenciones muy particulares y los padres están contentos con ella», ha insistido.
UN TEMA QUE NECESITA DEBATE
Amate apunta que los progenitores de estos niños «no quieren» el cambio y que están «sorprendidos» con el Gobierno porque «nadie pidió» que esta situación cambiase. Sin embargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) sí ha mostrado su apoyo a esta medida. «Es una institución que respetamos y que hace una actividad muy buena, pero hacen una interpretación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad muy restrictiva», ha criticado.
Para FEUSO, este tema merece «un debate» y entiende que la labor de Celaá se viera influenciada en la pasada legislatura por un tema de tiempos. Amate espera que, ahora, con el nuevo curso parlamentario sea posible el «diálogo». «Porque es un tema al que se puede llegar a un acuerdo fácilmente», ha apuntado.